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No pagar las deudas con los hospitales públicos, para
quebrarlos y construir clínicas privadas.
Reducir servicios y cobertura. Aumentar la tramitomania y
obligar a usuarios a obtener servicios con tutelas. Lista de medicamentos de
baja calidad. Bajos sueldos a profesionales de la salud y poca contratación de
especialistas. Cuando la empresa prestadora de salud se desborda en sanciones y
deudas se insolventa y se crea una nueva empresa, perpetuando el desfalco, al
derecho o deber constitucional a la salud para todo.
